Una ley para emprender

07/11/2018

La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología (CTI) del Parlamento trabaja en el contenido de un proyecto de ley dirigido a potenciar el ecosistema emprendedor en Uruguay, que prevé la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas y la regulación del financiamiento colectivo, entre otros asuntos.

El disparador

Uruguay cuenta con un Ecosistema Emprendedor (público-privado) consolidado, con una cultura de colaboración bien establecida y que en los últimos años ha adquirido dimensión nacional. No obstante, recientemente se hizo evidente la necesidad de promover o facilitar la modificación del marco regulatorio.

En Fundación da Vinci, y específicamente a través de la incubadora de negocios da Vinci labs, cada vez más recibimos quejas y frustraciones de personas que procuran convertir una idea de negocio en algo más. En coordinación con la RAFE (conformada por organizaciones público-privadas del sector educativo, asociaciones empresariales, gobiernos departamentales y nacionales, incubadoras, aceleradoras, centros de coworks, entre otros) se han agrupado y sistematizado diversos planteos del ecosistema, que aunque variados en apariencia, la mayoría se centran en cuatro ejes: (i) creación de empresa; (ii) marco legal y tributario; (iii) accesos al financiamiento; (iv) otros temas.

Los problemas del ecosistema emprendedor

(1) Creación de empresa: Desconocimiento de tipos societarios, o bien, opciones no a medida del emprendedor (costos de creación importantes, plazos, mantenimiento u otros requisitos limitantes); derechos del trabajador no aplican para emprendedores (sociedad médica, seguro de paro se debe abandonar para emprender); no se reconoce escalabilidad inicial (costos fijos elevados o estacionalidad); empresas monotributistas tienen restricciones (por ejemplo: metros cuadrados del local) o no permiten el downgrade fiscal.

(2) Marco legal y tributario: Falta de facilidades en los primeros años; formas tributarias que no permiten el desarrollo inicial o escalamiento gradual (diferir IVA o financiamiento IRAE a futuro); Literal E o Monotributo tienen facturas que no incentivan el desarrollo comercial a otras empresas (descontar IVA o IRAE); burocracia en trámites y habilitaciones; exoneración fiscal limitadas.

(3) Acceso al financiamiento: Dificultades de acceso al préstamo en etapas tempranas, burocrático, restrictivo, poco flexible; falta regularización de plataformas de financiamiento colectivo (conocidas con el anglicismo de crowdfunding); no hay estímulo decidido ni escenarios proclives para la inversión de privados; faltan fondos específicos consolidados (aceleración) más allá del inicio de la experiencia de ANII en coinvertir junto a cinco grupos que trabajan en ciertas verticales.

(4) Otros temas: Simplificar la apertura de cuentas bancarias; simplificar, dar mayor información, y períodos máximos de respuesta para trámites en todos los entes gubernamentales; favorecer alianzas entre Universidad–Empresa para la transferencia tecnológica y científica; incentivos para emprendimientos de triple impacto; incentivos emprendimientos en el interior e internacionalización; sobre costo de suministros de agua y luz de tipo comercial dificulta formalización del emprendimiento; dificultad de los emprendedores uruguayos para obtener la VISA de ingreso a determinados países. No considerar las particularidades y limitaciones que supone emprender en el interior.

Parte de la solución

Si para los que conformamos el ecosistema emprendedor nos resulta agobiante la identificación de los problemas detectados en la última década, imaginen lo difícil que es para un legislador procurar la solución a los referidos planteos.

Ciertamente es una época en que se abren nuevas oportunidades entre política y ciudadanía. Nos sorprende gratamente que dos proyectos de ley sobre la temática actualmente están siendo discutidos en la CTI. Todo hace suponer que, para el último trimestre del año 2018 tendremos aprobado uno de los referidos proyectos o quizás un híbrido de ambos.

Los proyectos

Analizando los dos proyectos que circulan, uno destaca por su enfoque más académico que otro, pero sin duda que se puede propiciar la integración de ambos. Desde una visión técnica legislativa, es preferible algo deliberadamente breve y minimalista que establezca los grandes principios rectores y trace las grandes líneas, relegando a sucesivos decretos reglamentarios los ajustes.

Las propuestas: Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS)

Se plantea la creación de un vehículo jurídico para tener en funcionamiento rápidamente, a un costo de $ 10.000 versus los no menos de $ 100.000 que actualmente demanda la creación de una sociedad anónima tradicional. Algo nada despreciable en etapas tempranas, cuando la idea se convierte en un proyecto piloto, para luego hacer el desarrollo y escalar. Quienes hemos emprendido, sabemos que siempre hay menos dinero del que se necesita.

Alguno de los elementos a destacar, del nuevo tipo social propuesto:

  • Costo de creación menor.
  • Al igual que las S.A. se permite incorporar capital, pero con mayor flexibilidad y autonomía de los socios.
  • Constitución por medios electrónicos o digitales para reducir los tiempos y costos de creación de la sociedad.
  • Formularios prearmados que permitan elegir los estatutos adecuados (con escaso conocimiento legal).
  • Flexibilidad en la convocatoria a las asambleas y la posibilidad de autoconvocatoria.
  • Actas y reuniones de directorio por WhatsApp u otros canales digitales.
  • Se puede constituir una SAS de un solo individuo.
  • Órganos sociales flexibles (ejemplo: órgano de control interno) evitando costos de funcionamiento, profesionales y de estructura.
  • Partes puedan pactar el aumento de las causales de receso, o sea la salida voluntaria del socio.
  • Se prevé la exclusión de accionistas, decidida por el voto favorable de una mayoría especial del 75 %.
  • Resolución de los conflictos societarios sobre base arbitral, si los socios así lo desean pactar.
  • Participación de los empleados en el capital de la empresa (stock options o stock awards) con opciones sobre acciones o entrega directa de acciones a los empleados.

 

Las propuestas: Plataformas de Financiamiento Colectivo / Crowdfunding

El crowdfunding, es decir, el microfinanciamiento colectivo, en el mundo se está convirtiendo en la herramienta para facilitar el acceso al financiamiento. Empero, en Uruguay es un mecanismo de difícil utilización por la regulación banco centralista (o la falta de ella).

Uno de los proyectos establece una única norma para el financiamiento colectivo muy básica, minimalista (al igual que sobre las SAS), que estaría excluyendo para determinados montos y en determinadas condiciones el resto de la regulación; es decir, plantea que las plataformas tecnológicas de financiamiento colectivo se inscriban en el Banco Central, pero bajo determinados montos y con determinadas especificaciones, por ejemplo, relativas a la protección al consumidor, al capital de riesgo, a que no hay responsabilidades, a que la inscripción en el Banco Central no implica ningún tipo de apoyo, ni de garantía de que ese emprendimiento vaya a funcionar. Todas esas especificaciones de protección al futuro inversor también son para el consumidor, pero quedan excluidas del resto de la reglamentación, por ejemplo, de la ley de mercado de valores, de emisión de valores públicos, etcétera.

El referido proyecto opta por habilitar, delegando en el Banco Central parte de la reglamentación. El segundo plantea una regulación muy detallada del crowdfunding. Nos parece que, dado que se procuran fuentes de financiamiento ágiles, no tradicionales y a menores costos, regular sin flexibilizar, es condenar el crowdfunding desde la concepción.

Con certeza, podemos afirmar que cualquiera sea el resultado final, incluirá principios como el de la transparencia; el de la información; el de la advertencia; el de que no tiene que haber conflicto de interés entre el administrador de la plataforma, el inversor y el emisor; el de que el administrador de la plataforma debe tener restringida su actividad a contactar a las personas, sin asumir ningún tipo de riesgo.

Conclusiones

La sociedad anónima tiene sus orígenes en el siglo XVII y las sociedades de responsabilidad limitada, en el siglo XIX. Las SAS son un modelo que apareció en el derecho europeo a fines del siglo XX y se expandió en el derecho latinoamericano en este siglo. Es decir, se está incorporando un tipo societario nuevo, cosa que en la historia del derecho societario no ocurre frecuentemente. No obstante, existe una experiencia internacional muy valiosa, en todas las jurisdicciones en las que se ha incorporado. Ha funcionado muy bien y ha provocado el efecto buscado, que es facilitar el desarrollo de los negocios dinámicos.

El crowfunding es un instrumento de financiamiento colectivo necesario, en especial para los emprendimientos de base tecnológica puesto que al ser dinámicos, necesitan montos relativamente importantes en forma rápida. Sin embargo, el financiamiento es difícil de conseguir en el sistema bancario tradicional y en breves lapsos (si se concede con base a la evaluación de garantías). Visto el impacto TIC en la económica uruguaya, democratizar el acceso al venture capital resulta una necesidad para el país.

Se confía que la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay se limite a regular ciertos aspectos, como relaciones de consumo, protección al consumidor y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asegurando que quien invierta tenga la información adecuada de su inversión y la conciencia debida de los riesgos que asume quien pone los fondos en ese emprendimiento.

Desde la Fundación da Vinci valoramos como muy positivo la identificación de temas puntuales, que una y otra vez causan problemas, y la intención de procurar darles una solución. A las voces críticas que puedan aparecer en cuanto a que los proyectos se pueden mejorar, cabe recordar que toda obra humana es perfectible, pero pensamos que, si este proyecto es exitoso, seguramente se podrán hacer y ajustar más elementos. No podemos demandar de una norma, que solucione todos los problemas que existen en torno al emprendedurismo.

(Artículo del Dr. Bruno Berchesi.)

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